miércoles, 22 de diciembre de 2010

Las prepagas y los jubilados: Cuando la edad ya no es un negocio

Son el sector poblacional más vulnerable. Los más afectados por la inflación y los aumentos. La ley que los protegerá de las subas en la medicina privada no prosperó debido a las modificaciones en el Senado.

Salud y dinero. Dos elementos esenciales para ciudadanos de cualquier país. Pero para un argentino, más que básicos por vivir un país donde la falta del Estado en el ámbito de la medicina se hace notar. Para un jubilado, son objetivos, a veces, inalcanzables.

De acuerdo a un estudio realizado por la Defensoría de la Tercera Edad en junio de 2010, un jubilado necesita al menos $ 2.063,45 al mes para cubrir sus necesidades básicas. Claro que dentro de este monto no se incluyen comidas especiales, gimnasios, regalos para familiares, Internet ni ninguna actividad extra que cualquier persona de la tercera edad puede realizar, como ir al cine, al teatro o tomarse unas vacaciones.

Para que las políticas sociales focalizadas hacia los ciudadanos de la tercera edad sean eficaces, deben comenzar mucho antes que los problemas de la edad aparezcan. El envejecimiento es un proceso del que nadie escapa y diagramar soluciones para la mayor parte de las complicaciones que pueden aparecer es un reto clave para el gobierno.

Hay que recordar que en el país, un 75% de los jubilados y pensionados recibe el haber mínimo. El último anuncio de los 500 pesos extra realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para aquellos que ganen menos de 1.500 pesos por mes es un alivio, pero poco duradero. Unos 4.062.000 jubilados ganarán en diciembre, cerca de 2.000 pesos.

Es importante partir de la base que las empresas de medicina privada son tal como su nombre lo denomina: empresas. Como tales, entre sus objetivos principales es el de ganar plata. Más allá de las críticas a cada una de ellas, en cuanto a sus servicios y facilidades, todas funcionan bajo la misma lógica: la gente paga para acceder a sus prestaciones.

La regulación en el mercado de la medicina prepaga genera fuertes choques, no sólo en Diputados y Senadores, sino también entre las empresas y los clientes. Su importancia radica en que los más afectados de las subas son los mismos de siempre, los jubilados y discapacitados, que quedan desprotegidos ante la falta de acuerdos.

En el país hay un total de 5 millones de personas que son atendidas bajo este sistema de medicina. El esquema de tarifas varía según la edad, y éste es el punto más discutido. Las subas que perciben en sus facturas después de cumplir los 60 años de edad son sumamente significativas. Una pareja de abuelos puede llegar a pagar más de 1000 pesos por mes, inclusive si gozan de perfecto estado de salud.

El fracaso en el Senado para poner un freno a la cuota para los mayores de 65 años (si es cliente desde hace más de 10 años) y para prohibir que las compañías rechacen nuevos usuarios por enfermedades preexistentes evidencia otro de los problemas en el ámbito de la salud. El año que viene, esta ley se volverá a tratar en Diputados, debido a las modificaciones que sufrió. De nuevo, todo un período sin regulación.

Cimara, la cámara empresarial que agrupa a instituciones médicas como Swiss Medical, Galeno, Omint, Medicus y Mapfre, entre otras, aboga, desde el editorial de su página web por un “marco regulatorio para la medicina privada en el que participen las empresas prepagas y los sectores del gobierno que correspondan podría significar el comienzo de un nuevo sistema de salud en el país”. Pero entre las entidades que agrupa, cada una opta por cobrar cuotas distintas, sin adoptar una estrategia en común.

Cada año que comienza viene siempre con aumentos. La inflación, la suba de salarios de distintos sectores, todo suma. Los colegios privados, la telefonía móvil, expensas, alquileres, combustibles, y la lista continúa. El rubro de la medicina privada, también tendrá su incremento. Se prevé que en enero las cuotas saldrán un 10% más caras.

La atención a la salud de los ciudadanos debe estar garantizada. Especialmente para aquel sector de la población más vulnerable. El artículo 42 de la Constitución Nacional reza que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. Un recordatorio para cuando se vuelva a tratar la ley en Diputados en 2011.

Fuente: Notio

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