La ADC pidió saber cuáles y cuántas de las 15 mil escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires son accesibles para alumnos con discapacidad motriz. Solamente el 50% de las escuelas tiene correo electrónico y pudo ser relevado. A su vez, sólo el 8% de los consultados respondieron. Ahora la justicia dispuso que la información restante deberá ser entregada en los próximos 90 días.
(Buenos Aires, 15 de febrero de 2010) - El juez Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado Civil y Comercial N 2 de La Plata, sostuvo que la Dirección de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial de la provincia de Buenos Aires, debe entregarle a la ADC toda la información requerida sobre las condiciones de accesibilidad para niños/as con discapacidades motrices, de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
En el año 2008 la ADC presentó un pedido de información ante la Dirección de Educación Especial dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial, respecto de las condiciones de accesibilidad de las 15.000 escuelas bonaerenses. Al no obtener ninguna respuesta en los plazos legales establecidos, la ADC interpuso una acción de amparo en el Juzgado Civil y Comercial No. 2 de La Plata.
El juez Silva Pelossi obligó a la Dirección de Infraestructura Escolar a producir la información requerida por la ADC. Como consecuencia de esto, la Dirección de Infraestructura confeccionó un cuestionario que fue remitido a 7915 escuelas (esto es, todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires que contaban con servicio de e-mail, alrededor del 50% del total). El cuestionario fue respondido sólo por 1074 escuelas. De las respuestas se pudo observar que más del 70% de las escuelas que respondieron no cuentan con instalaciones adaptadas para el acceso de personas con discapacidades motoras ni cuenta con servicios sanitarios adecuados para personas con discapacidades.
A efectos de contar con la totalidad de la información solicitada la ADC requirió al juez extender el plazo y ordenar a la Dirección de Infraestructura Escolar que complete el cuestionario con las escuelas que omitieron proveer la información, El juez consideró válido el pedido de la ADC y así fue que ordenó que en el plazo de 90 días hábiles se entregue la información acerca de las condiciones de accesibilidad de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Fundamentos del pedido de información
La necesidad en la que se vio la Provincia de Buenos Aires de generar el mencionado cuestionario evidencia la inexistencia de información básica que debiera estar procesada y disponible para poder generar políticas públicas educativas para los niños/as con discapacidad motriz. La legislación nacional y provincial establecen que, para que una escuela sea considerada accesible a las personas con discapacidades motrices, debe contar con pasillos anchos y ambientes amplios, transitables para sillas de ruedas, bastones o muletas; rampas; ascensores; baños con determinadas características y dimensiones y puertas anchas, entre otras cosas.
Justamente lo que se espera del Estado es que, a efectos de cumplir con la normativa sobre accesibilidad, tenga al menos un relevamiento certero de las condiciones de accesibilidad de los edificios públicos, en este caso las escuelas.
Fuente: ADC
(Buenos Aires, 15 de febrero de 2010) - El juez Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado Civil y Comercial N 2 de La Plata, sostuvo que la Dirección de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial de la provincia de Buenos Aires, debe entregarle a la ADC toda la información requerida sobre las condiciones de accesibilidad para niños/as con discapacidades motrices, de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
En el año 2008 la ADC presentó un pedido de información ante la Dirección de Educación Especial dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial, respecto de las condiciones de accesibilidad de las 15.000 escuelas bonaerenses. Al no obtener ninguna respuesta en los plazos legales establecidos, la ADC interpuso una acción de amparo en el Juzgado Civil y Comercial No. 2 de La Plata.
El juez Silva Pelossi obligó a la Dirección de Infraestructura Escolar a producir la información requerida por la ADC. Como consecuencia de esto, la Dirección de Infraestructura confeccionó un cuestionario que fue remitido a 7915 escuelas (esto es, todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires que contaban con servicio de e-mail, alrededor del 50% del total). El cuestionario fue respondido sólo por 1074 escuelas. De las respuestas se pudo observar que más del 70% de las escuelas que respondieron no cuentan con instalaciones adaptadas para el acceso de personas con discapacidades motoras ni cuenta con servicios sanitarios adecuados para personas con discapacidades.
A efectos de contar con la totalidad de la información solicitada la ADC requirió al juez extender el plazo y ordenar a la Dirección de Infraestructura Escolar que complete el cuestionario con las escuelas que omitieron proveer la información, El juez consideró válido el pedido de la ADC y así fue que ordenó que en el plazo de 90 días hábiles se entregue la información acerca de las condiciones de accesibilidad de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Fundamentos del pedido de información
La necesidad en la que se vio la Provincia de Buenos Aires de generar el mencionado cuestionario evidencia la inexistencia de información básica que debiera estar procesada y disponible para poder generar políticas públicas educativas para los niños/as con discapacidad motriz. La legislación nacional y provincial establecen que, para que una escuela sea considerada accesible a las personas con discapacidades motrices, debe contar con pasillos anchos y ambientes amplios, transitables para sillas de ruedas, bastones o muletas; rampas; ascensores; baños con determinadas características y dimensiones y puertas anchas, entre otras cosas.
Justamente lo que se espera del Estado es que, a efectos de cumplir con la normativa sobre accesibilidad, tenga al menos un relevamiento certero de las condiciones de accesibilidad de los edificios públicos, en este caso las escuelas.
Fuente: ADC
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