La abogada, en un extenso escrito jurídico, da cuenta de lo que considera lo que puede hacer el INADI para que “cese la discriminación de los pacientes mentales internados en ambas instituciones de la provincia por la falta de una política y un plan de salud mental respetuoso y que garantice los estándares y tratados internacionales de derechos humanos”.
Conocida la denuncia por discriminación en Salud Pública, El Tribuno, por medio de la Coordinación Institucional del Ministerio del área, intentó tomar contacto con el titular de la cartera, pero no fue posible ubicar al ministro Alfredo Qüerio.
El texto señaló al INADI que “urge una reforma en salud mental ya que no existe una política ni un plan de salud mental, lo cual conlleva la discriminación y la estigmatización que los pacientes sufren; el perjuicio de la “peligrosidad” que recae sobre ellos; el aislamiento, la segregación y la exclusión social en la que viven”. La presentación sigue diciendo que “los pacientes lejos de ser sujetos de derechos son en el mejor de los casos objetos de protección y en el peor de los casos objetos de reclusión y exclusión social”. En sentido afirmativo, Buira sostiene que “resulta imprescindible la atención en salud mental a los estándares internacionales. La erradicación de los manicomios ha dejado de ser hace mucho tiempo tema de debate para constituirse en un mandato de la Organización Panamericana de la Salud sobre la base de los tratados internacionales de derechos humanos”.
El INADI deberá ahora notificar el pedido de la defensora al ministro Qüerio, a la Secretaría de Salud Mental y a la dirección del Hospital Ragone.
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