Fue convertido en ley el proyecto de protección integral para personas con discapacidad, el que
actualiza el marco legal para que el Estado les brinde asistencia. La ley contempla el transporte, la salud y propone estímulos al trabajo y estudio.
Según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares brindados ayer durante la sesión de la Asamblea General, en Uruguay el 9,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad: son unos 250.000 ciudadanos. En las situaciones de pobreza el porcentaje aumenta. Esta cifra, además, no contempla las poblaciones menores de 5.000 habitantes donde hay mayores niveles de pobreza y discapacidad.
Esta ley de actualización de las disposiciones vigentes fue presentada en 2005 por el senador Ruperto Long (Alianza Nacional), aprobada en 2007 por la Cámara Alta, y finalmente votada con modificaciones en Diputados cerca del fin de este período legislativo. Ahora, la Asamblea General finalmente dirimió las diferencias entre ambas Cámaras.
El objetivo de la iniciativa es hacer responsable al Estado de generar un sistema integral de asistencia para las personas con discapacidad, que les asegure la atención médica, la educación y la rehabilitación física, psíquica y social. La ley también habilita a los ministerios y a las intendencias a proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir la ejecución de las tareas a su cargo.
UN ASISTENTE. Uno de los aspectos novedosos del proyecto es que crea, en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS), el Programa de Asistencia Personal para Personas con Discapacidades Severas. A través de este programa se ayudará a las personas que no puedan desenvolverse de forma autónoma en la vida cotidiana, con el apoyo de un asistente personal pago por el BPS. El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, estará facultando mediante esta ley a crear hogares de internación total o parcial para personas con discapacidad, cuya atención sea imposible dentro de su núcleo familiar. Además esos organismos asegurarán la realización de talleres protegidos terapéuticos y de terapia ocupacional para discapacitados y garantizarán que las instituciones médicas no discriminen a estas personas. El proyecto también establece que a los discapacitados se les brindarán las prótesis, la ayuda técnica y la medicación necesaria.
PERROS GUÍA. El materia de educación, el proyecto aprobado por la Asamblea General plantea
que los niños con discapacidad puedan concurrir a las escuelas comunes. La iniciativa establece además que las personas que utilicen perros guía para su mejor desplazamiento podrán acceder a todos los lugares abiertos al público, como marca el artículo 89 del proyecto de ley. Esto significa que todas aquellas personas que tengan baja visión y utilicen perrosentrenados puedan acceder a bares, centros comerciales y edificios públicos.
Hay además estímulos impositivos como la exoneración del pago de aportes patronales para los
empleadores privados cuando incorporen trabajadores con discapacidad.
La ley prevé facilidades para que estas personas estén al frente de comercios en espacios públicos, como los kioscos en terminales de ómnibus.
Cambios en los edificios públicos
El texto de la ley consagra la obligación de realizar modificaciones en la ciudad y el transporte público para que sea más accesible para personas con movilidad reducida o limitación sensorial. La ley dice que los discapacitados tienen que poder desplazarse en forma segura e independiente. Así, se obliga a los organismos públicos a modificaciones edilicias para que sean más accesibles. Para realizar estas variantes los entes tendrán cinco años desde la promulgación de la ley. En cuanto al transporte público, las unidades deberán tener dos asientos reservados para personas con discapacidad. Los asientos estarán ubicados cercanos a la puerta de cada unidad, las que deberán contar con piso antideslizante y con compartimientos para bastones y sillas de ruedas.
Fuente: El País Digital
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