La droga se instala en la sociedad cuando encuentra condiciones sociales y ambientales, pero el problema de las adicciones excede a lo que se consume y para resolverlo hay que poner la mirada en las situaciones críticas que afectan a muchos sectores de la población. A esta conclusión arribaron los tres expertos que el jueves pasado debatieron en la Facultad de Psicología de la UNT sobre las políticas públicas en materia de asistentes a los drogadependientes. Como síntesis, los expositores coincidieron en que no habrá salud mental, sin inclusión social.
Guillermo Arquati, director de la Asociación Betania de Salta; Alberto Calabrese, coordinador de la Comisión Nacional de Políticas Públicas en Adicciones; y Yago Di Nella, director de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de la Nación sumaron sus miradas en una mesa panel que convocó a más de doscientos profesionales y estudiantes. La actividad fue organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología y el Instituto para el Estudio de las Problemáticas Actuales (IEPA), en el marco de la carrera de Especialización en Drogodependencia de la UNT.
Al momento de las exposiciones, Arquati aseguró que durante muchos años la única política pública en materia de adicciones fue, precisamente, la no definición de acciones estatales. En esa línea argumental, el referente de Betania, sostuvo que la ONG ocuparon los espacios vacíos. “Su trabajo fue evolucionando. Tuvieron en un principio un rol marginal cubriendo lo que el Estado no hacía. En un segundo momento vivieron una expansión a partir de una política pública que priorizó la capitación de los recursos humanos, lo que significó una bisagra en la temática ya que hasta ese momento solo se teorizaba. Entonces, cobró importancia el modelo de comunidad terapéutica. Hoy tenemos que avanzar para terminar con la idea que la comunidad, las ONG y el Estado se excluyen. Es necesario sumar”, sostuvo.
Calabrese, en tanto, remarcó que en el debate sobre las adiciones se suele externalizar el problema y poner la carga sobre la droga como si fuera “un enemigo público”. “Esto permite desincriminarse de la responsabilidad social en la producción de los hechos que se pretenden combatir. “Logramos cambiar el paradigma, cuando incluimos a los actores con un rol protagónico, e integrar al tratamiento de la temática. Además de la salud, planteamos que es necesario considerar a la educación y a la justicia. El desafío es dimensionar las sustancias que se consumen con un basamento ideológico: las adicciones se instalan en sociedades de carencia. Es necesario generar acuerdos que ayuden a la población a superar consumos que apropian su voluntad. Para esto es importante la convivencia, la seguridad, el compromiso y protagonismo de todos los actores”, dijo el funcionario nacional.
A su turno, Yago Di Nella destacó la importancia de incorporar a las adicciones en la agenda pública. Según el funcionario nacional, el Estado decidió priorizar la atención de las adicciones como una temática socio sanitaria en la que resulta prioritaria la formación de recursos humanos capacitados. En este punto, destacó que debe pensarse en profesionales que puedan trabajar en la comunidad con dispositivos específicos de intervención, ya que las personas viven en comunidad y recurren a las instituciones en los casos en que la enfermedad ya está instalada. También señaló que hay que definir estrategias de atención primaria de la salud. “Todos los profesionales deben ser sanitaristas y conocer la legislación sobre todo en el punto de defender que la internación es una situación de excepción”, explicó. Por ultimo, señaló la relevancia de la voluntad del paciente en cualquier tratamiento. Criticó el accionar de la justicia que dicta órdenes compulsivas de internación. “No es una orden de tratamiento si no de confinamiento. La justicia genera "formas de tratamiento" que consolidan la exclusión. Obligan a tratarse a alguien que no quiere hacerlo y trasladan el fracaso a las comunidades terapéuticas”, argumentó.
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